Sitio web oficial de
la Notaria No.6 de Medellín

Choque entre Fajardo y Ramos por poda burocrática en la Gobernación

MIENTRAS LA ACTUAL administración denuncia que hay servidores sin funciones y que al despacho del gobernador estaban adscritos 53 asesores, Ramos dice que se desvía la atención de una "masacre laboral".


Hasta ahora no se ha hecho un solo despido en el Departamento. Así con esa frase, la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, María Victoria Gómez, le sale al paso a las versiones que dan cuentan sobre el despido masivo de unos 700 empleados en la Gobernación de Antioquia.

Y a renglón seguido aclara lo que viene sucediendo en el tema laboral: "Hemos declarado la insubsistencia en algunos cargos y se han aceptado las renuncias de personas que son de libre nombramiento y remoción". Esos cargos, agrega la funcionaria, son precisamente los que por ley, el gobernante de turno puede nombrar, crear y mover.

Primero en twitter y luego en declaraciones a la prensa, el gobernador Sergio Fajardo precisó que se encontraron 124 personas adscritas al despacho, cargos que se están revisando persona a persona. "Hay unas que no las hemos podido encontrar, otras que no han hecho nada porque era para pagar favores políticos y otras que han hecho bien su trabajo".

Fajardo justificó este proceso como la necesidad de "poner en orden la casa" y agregó que todos esos hallazgos estarán consignados en "libro blanco", que recogerá la información de lo que hallaron, no solo en este tema sino en toda la administración.

"Le vamos a ahorrar a Antioquia una buena cantidad de recursos y toda persona que trabaje en el Departamento será porque tiene conocimiento, es honesta y no para pagarle un favor político a nadie", afirmó Fajardo.

La titular de la Secretaría de Gestión Humana precisó que de los 323 cargos de libre nombramiento en toda la planta del gobierno de Luis Alfredo Ramos, 53 era asesores adscritos al despacho del Gobernador.

Por ordenanza son solo 118
Dentro de esos 323 cargos de libre remoción y nombramiento, solo 118, según la ordenanza de la Asamblea de Antioquia, conforman la estructura directiva con la que se debe operar, aunque se pueden crear otros cargos de acuerdo al plan de gobierno.

"Estos son los que deben renunciar protocolariamente, pero solo lo hicieron los de primer nivel; los de segundo nivel se quedaron esperando y por eso para poder nombrar los de Fajardo tuvimos que declararlos insubsistentes", anotó la Secretaria de Gestión Humana, quien aclaró que no se ha tocado a nadie de carrera administrativa.

Luis Enrique Valderrama, presidente de la Asociación de Empleados confirmó que ningún asociado ni empleado de carrera ha sido retirado de su cargo.

En total se han declarado insubsistentes 83 personas en cargos de libre nombramiento, han renunciado 50 y se terminaron tres comisiones internas. El resto sigue vinculado mientras se estudia si se requieren o no.

Este gobierno, según la señora Gómez, nombró a seis empleados de carrera, que estaban en comisión, como directivos y mantuvo a una persona. Además se nombraron 97 directivos (incluidos los secretarios de despacho y subsecretarios), 10 gerentes y 3 asesores.
Contexto
Exgobernador defiende sus actuaciones
La anterior administración aclara que las declaraciones del actual Gobernador no corresponden a la realidad laboral del Departamento y lo que pretenden es desviar la atención de las denuncias hechas en torno de la masacre laboral con el despido de 700 funcionarios.

Con respecto a los 50 asesores que dice haber encontrado Fajardo en su despacho, informa que sólo 10 estaban vinculados directamente y que en cuanto a la nómina de este, el primero de enero de 2008 se encontraron 93 funcionarios y el 31 de diciembre del 2011 quedaron 110, incluidos 19 de carrera administrativa que estaban en comisión de servicios, quienes por ley deben estar adscritos a este despacho.

En cuanto a los demás asesores, el primero de enero de 2008, encontró 41 cargos de asesor adscritos al despacho del gobernador.

Recuerda que su administración tuvo que reintegrar 51 servidores por fallos judiciales del proceso de reestructuración de la administración de 2001, constituyéndose en una carga para el Departamento de $7.387 millones.

Ramos niega que haya servidores públicos sin funciones, ya que todos los cargos tenían actualizadas sus funciones.